Fue en octubre de 1983 cuando Raúl R. Alfonsín realizó la apuesta más fuerte de su campaña presidencial y por la que seguramente quedará en la historia: denunció el pacto sindical-militar y la ley de amnistía, que las Fuerzas Armadas estaban consensuando con el peronismo, para evitar la acción de la justicia en los ahora llamados delitos de lesa humanidad.
Luego, con la inestimable ayuda de Herminio Iglesias, que “arrancó” su candidatura a gobernador a la Convención del Partido Justicialista con el mismo sistema que perdura en los gremios de la CGT “moyanista”, ganó hasta en la Provincia de Buenos Aires.
En política económica se inclinó por hacer más de lo mismo, continuar con emisión monetaria sin respaldo en la demanda por creación de riqueza. Así, llegamos a la hiperinflación que lo obligó a renunciar al cargo de Presidente.
Llega a la presidencia el segundo candidato de la UCR, que el humor político rebautizó como Fernando de la Duda. Le tocó una misión imposible, desarmar la bomba de tiempo que dejaba Menem: sostener la convertibilidad del peso con dólares tomados a crédito, que aumentaban la deuda pública a nivel de impagable.
Ahora, asistimos a la lenta agonía de un gobierno fuerte pero impopular, que va a apelar a su última herramienta electoral: asustar al ciudadano con el poder que éste le confió, algo similar a cuando los militares usaban las armas que el Estado les daba para custodiar las fronteras, con el objetivo de apoderarse del gobierno.
Habrá una reacción popular ante tanta desmesura y el radicalismo, que todavía conserva un comité en cada pueblo, tendrá la oportunidad de liderar una coalición de partidos y un acuerdo de gobernabilidad con el peronismo disidente. Ya están los precandidatos que habilitarán a la Justicia a hacer su trabajo, con la rampante corrupción gubernamental, sindical y empresaria.
